La plataforma integra y visualiza la información disponible sobre presupuesto y ejecución de recursos públicos asociados a la gestión de la emergencia asociada al COVID-19. Se incluyen datos relacionados con la proyección y los usos de recursos asociados a Ley de Emergencia (Ley 6524/2020) y se integra información sobre los contratos y gastos de entidades del Gobierno Nacional de sus propios presupuestos, asociados a la mitigación de los efectos de la pandemia.
En cumplimiento del principio de divulgación de información para la rendición de cuentas, el objetivo de la plataforma es impulsar la transparencia, estimular la participación y el control de los ciudadanos en el gasto público, a partir de canales para hacer sugerencias o realizar denuncias.
La plataforma integra información proveniente de sistemas de información y bases de datos de múltiples entidades responsables de la emergencia, entre las que se encuentra el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Contratación Públicas, la Secretaría de Emergencia Nacional, entre otras.
Los datos integrados y visualizados en la plataforma se actualizan automáticamente con base en los sistemas de información o gestión que utilizan las entidades. Es decir que cuando las entidades actualicen los datos en sus propios sistemas (por ejemplo de presupuesto o contrataciones), la plataforma recogerá y visualizará datos actualizados. Los puentes de información (ETLs) entre la plataforma y las bases de datos o sistemas de información que gestionan las entidades se refrescan cada 24 horas.
La información que se recoge y visualiza la plataforma tiene un carácter incremental. Por lo tanto, el nivel de desagregación de los datos y las funcionalidades de la plataforma se irán ajustando con el tiempo y de acuerdo a las necesidades. Los comentarios y sugerencias de los ciudadanos y de la sociedad civil son un aspecto central en el carácter evolutivo o incremental de la herramienta.
Ante las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia del Coronavirus (Covid-19) declarada por la OMS, fue promulgada la Ley No. 6524/2020 que declara: “El estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”
La norma facultó al Poder Ejecutivo a implementar para el Ejercicio Fiscal 2020, medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.
En ese sentido, la Ley y su Decreto reglamentario Nº 3506/2020, encomendaron a la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a establecer los lineamientos a efectos de prevenir hechos de corrupción, promover la transparencia en la gestión y el acceso de la ciudadanía a toda información pública que guarde relación a la administración de los recursos previstos para la contención de la pandemia.
Para ese efecto, la normativa instruyó crear una herramienta, que permita acceder a toda la información relevante, sobre la ejecución de los recursos correspondientes a los fondos de la Ley de Emergencia, debiendo ser de fácil acceso, en formato de datos abiertos, en lenguaje sencillo y amigable, en concordancia con el Decreto Nº 2991/2019 que aprueba “el manual de rendición de cuentas al ciudadano” y a los principios establecidos en la Ley Nº5282/2014, “De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”.
Los plazo y la publicación se ajusta a los principales rubros definidos por la ley de emergencia y se realiza bajo la licencia de uso para datos abiertos públicos de propiedad del Estado Paraguayo según Decreto 4064 - Ley Nro. 5282/2014.
La formulación del portal “Módulo Covid-19”, contó con la activa colaboración de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Secretaría de Emergencia Nacional y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).